Autor: Victor

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    1.- Introducción: Desde Vo Iuris Abogados y Asesores Tributarios, queremos poner nuestro conocimiento a disposición de los clientes y amigos de la página en aras de aclarar que es el famoso artículo 155 de la Constitución española y como debería ser su aplicación. No puede descartarse en este contexto la aplicación del artículo 116 de idéntico cuerpo legal en aras de cómo se produzcan los acontecimientos, el denominado estado de excepción que si goza de un marco normativo que lo regula y que de momento dejamos de lado, pero no podemos dejar de citarlo por cuanto solo las situaciones que se produzcan supondrán su aplicación o no. Por ello nos centraremos exclusivamente en el artículo 155 y esperaremos acontecimientos.

    El Artículo 155 de la Constitución Española dispone expresamente:

    “1.- Si una Comunidad Autónoma no cumpliere las obligaciones que la Constitución u otras leyes le impongan, o actuare de forma que atente gravemente al interés general de España, el Gobierno, previo requerimiento al Presidente de la Comunidad Autónoma y, en el caso de no ser atendido, con la aprobación por mayoría absoluta del Senado, podrá adoptar las medidas necesarias para obligar a aquélla al cumplimiento forzoso de dichas obligaciones o para la protección del mencionado interés general.

    2.- Para la ejecución de las medidas previstas en el apartado anterior, el Gobierno podrá dar instrucciones a todas las autoridades de las Comunidades Autónomas”.

    Principio del formulario

    La redacción del artículo, que no está regulada por distinto marco normativo que el del propio artículo, ha dado lugar a innumerables horas de tertulias y opiniones desde el punto de vista de su modo de ponerse en marcha. Sin embargo, hemos encontrado ciertas lagunas en cuanto a la aplicación del mismo y lo que puede suponer para la población de Cataluña. Intentaremos dar respuesta a las mismas.

    En primer lugar, si bien, desde distintos sectores se ha iniciado un debate desde nuestro punto de vista estéril sobre si la aplicación del artículo supone una suspensión de la Comunidad Autónoma o no, entendemos que si bien el citado artículo no es explícito en ese punto, estaremos de acuerdo en que lo mínimo que supondrá es una intervención de facto de dicha Comunidad. Más allá de si se produce la suspensión o no (dudamos mucho de que se emplee este término), en caso de aplicación veremos como en los próximos días desde el gobierno se dirá que no se ha producido una suspensión como tal.

    Volviendo a lo práctico, la intervención en cualquier caso no es, ni puede ser una intervención de carácter generalista, sino que debe estar tasada específicamente con una serie de medidas propuestas que son las que debe aprobar el Senado.

    Estas medidas deben estar amparadas además desde el punto de vista del Derecho internacional, con respeto a los numerosos Pactos Internacionales que tiene suscrito España. Es decir, se pueden intervenir o suspender ciertos derechos, pero de conformidad con la legislación nacional e internacional.

    2.- Aplicación del artículo 155 de la Constitución Española: Hemos comprobado que para su aplicación se precisa la mayoría del Senado (previo requerimiento al Presidente de la Comunidad, lo que ya se ha producido), lo que en el marco político actual de España, no ocasionaría mayores problemas dado que el partido del gobierno, goza de mayoría absoluta en dicha cámara.

    En cuanto a su aplicación y conforme a lo expuesto los requisitos para ello deberían respetar los principios de derecho internacional que se pasan a enumerar.

    2.1.- Principio de Proclamación y notificación:

    De conformidad con estos dos principios, con carácter previo a su adopción, el estado que vaya a adoptarlo debe proclamar a la población con carácter previo la existencia de tal situación. Se procederá con total seguridad por parte del Presidente del Gobierno a realizar una comparecencia en el Senado y probablemente en el Congreso de los Diputados aunque esta tenga carácter informativo dado que es en el Senado donde debe llevarse a cabo la notificación. Posteriormente será publicada en el Boletín Oficial del Estado.

    Además debe ser notificado de conformidad con el artículo 4.3 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos que dispone:

    Artículo 4

    1. En situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, religión u origen social.
    2. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal suspensión.

     

    2.2.- Principio de No discriminación y de Proporcionalidad: No podrá existir discriminación a toda o parte de la Sociedad Civil por razón de raza, sexo, idioma, color, religión u orientación sexual, debiendo ser las medidas adoptadas proporcionales a aquellas que se pretenden proteger.

    Así el artículo 15.1 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, establece expresamente que:

    “En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la medida estricta en que lo exija la situación, y supuesto que tales medidas no estén en contradicción con las otras obligaciones que dimanan del derecho internacional”.

    2.3.- Principio de Temporalidad, estas medidas deben de ser temporales y así debe de expresarse de manera meridiana en el documento que las contenga, prohibiendo el abuso de derecho.

    Huelga decir que en ningún caso pueden ser restringidos principios o derechos, recogidos el artículo 4.2 del Convenio para la Protección de los Derechos Humanos:

    • Derecho a la vida
    • Sometimiento a torturas o actos denigrantes, inhumanos o crueles
    • Esclavitud y servidumbre
    • Encarcelamiento por incumplimiento de Obligaciones Contractuales.
    • Condena por delitos no tipificados como tales por el derecho internacional en el momento de producirse.
    • Injerencias arbitrarais o ilegales en los derechos de las personas, su vida privada, sus familias o domicilios.

    Es decir la intrusión por parte del estado en este último grupo de derechos debe estar justificada y amparada en una resolución judicial previa.

    Lo que parece lógico o lo que nos dice la interpretación del artículo, es que podría tratarse de una aplicación temporal de unos 60 días, plazo para que pudieran convocarse nuevas elecciones autonómicas sin perjuicio de solicitar prórroga del mismo si fuera necesario.

    En cualquier caso con el respeto a los Derechos Fundamentales ya citados.

    3.- Conclusiones: Por último desde Vo Iuris Abogados y Asesores Tributarios, queremos hacer un llamamiento a las partes implicadas para evitar mayores perjuicios que los que se están causando a la población en caso de seguir con esta situación.

    Llamamiento que tenemos muy claro que no puede ser igual para ambas partes.

    La Generalitat de Catalunya, debe volver a la ley, y solo dentro de la ley iniciar un diálogo y una negociación con el resto de fuerzas políticas que termine con una solución que recoja todas las sensibilidades implicadas en el asunto, debiendo ser los españoles los que acordemos los cambios legislativos y constitucionales en su caso que se propongan por los representantes que hemos elegido entre todos. Aún para el caso en que se acordará una suerte de referéndum solo por parte de Catalunya, para decidir la separación de España o no (da igual las preguntas que se hagan), nuestra Carta Magna no contempla que ese cambio sustantivo de la Constitución no deba ser refrendado por la mayoría de los españoles. Un cambio por tanto de tanta magnitud deberá pasar por un referéndum previo de todo el estado español.

    Por otro lado el Gobierno, en caso de tener que aplicar el artículo 155 de la Constitución Española debe hacerlo garantizando los derechos y libertades de los ciudadanos de Cataluña y del resto del Estado Español de conformidad con el Derecho Internacional y con los pactos suscritos por España.

     

     

     

     

     

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    En los tiempos que corren, con un mundo cada vez más globalizado y donde los desplazamientos laborales son cada día más comunes, era cuestión de tiempo que lo que antes eran situaciones extraordinarias, cada día tengan un carácter más habitual.

    Nos referimos concretamente al supuesto en el que estando los progenitores divorciados, y residiendo en la misma ciudad, el progenitor custodio recibe una oferta de trabajo para trasladarse de comunidad autónoma.

    El Tribunal Supremo si bien sienta jurisprudencia para cuestiones similares, es verdad que en estos casos aboga por acudir a las circunstancias concretas antes de conformar una opinión.

    En el caso que nos ocupa, al ponderar el perjuicio que causa al menor permitiendo su traslado de comunidad en relación con el beneficio que puede obtener (el favor filii) y máxime cuando la familia de la progenitora materna reside en esa comunidad y el progenitor paterno no tenía todo el tiempo disponible, el Tribunal se decanta por la opción de permitir el traslado del menor, alegando además, que, en los tiempos que corren, este tipo de desplazamientos es muy habitual y los menores se acostumbran al cambio.

    En definitiva el derecho, muchas veces de fama arcaica y anquilosada, transcurre paralelo a los tiempos que corren, máxime en circunstancias como el derecho de familia, donde estamos comprobando día a día los numerosos cambios que se vienen produciendo en los últimos años por parte de los juzgados y tribunales.

    Esperando siempre que estos cambios redunden sobre todo en el beneficio de los menores en primer lugar, y en segundo lugar en mejorar las relaciones entre los progenitores.

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    A raíz de una reciente polémica surgida estas últimas semanas con referencia a las condiciones de trabajo que se dan en determinados restaurantes, nos parece interesante dar nuestro punto de vista e información y diferenciaciones básicas entre el contrato de Prácticas y el contrato de Formación y Aprendizaje, dejando de lado el asunto de l@s becari@s que trataremos otro día.

    Viendo las dudas que hemos observado en los últimos días, y siendo nuestra principal finalidad hacer llegar el derecho de manera fácil y comprensible, intentaremos exponer sus principales características, sobre todo de cara a los más jóvenes que quizá se encuentren en estos momentos en una disyuntiva de este tipo sobre cuál es el contrato por el que deberían optar. Máxime cuando se acerca el verano y son numerosas las empresas que eligen estas fechas para ofertar este tipo de contratos.

    Es fundamental empezar explicando que ambos contratos llevan aparejado el derecho de cobro de prestación por desempleo cuando concluyen. Dicho esto, pasamos a especificar sus características:

    • Contratos de Prácticas: Este tipo de contratos, lo que priorizan es permitir que el trabajador obtenga la práctica profesional según el tipo de estudios que esté llevando a cabo. El requisito elemental consiste en poseer un título Universitario o de Formación profesional de grado medio o superior.

    La duración del contrato de prácticas oscila entre los dos meses y los dos años, si bien puede ser modificado siempre y cuando quede recogido en el Convenio Colectivo (se entiende que por tiempo superior, nunca inferior). El trabajador no debe haber concluido sus estudios hace más de 5 años y se trata de un contrato retribuido y fijado además por Convenio Colectivo. El salario en ningún caso puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

    • Contrato de Formación y Aprendizaje: Se trata de contratos dirigidos a Jóvenes que empiezan a formarse en el trabajo que van a desempeñar. Este modelo combina la formación teórica del joven con la realización de prácticas. La duración del contrato depende también del Convenio Regulador aunque el tiempo mínimo exigido de duración es de 6 meses. La edad para optar a estos contratos se determina entre los 16 y los 25 años. Además se diferencia de manera muy significativa la parte de formación teórica (exigiéndose un mínimo del tiempo empleado) y la parte de formación práctica (con otra cuota determinada por ley). En cuanto a la retribución del trabajador viene contemplada por Convenio Colectivo, y en ningún caso puede ser inferior al Salario Mínimo Interprofesional.

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    El caso que venimos a comentar es el de un matrimonio en Régimen de Separación de Bienes, dándose la circunstancia de que la mujer de mutuo acuerdo con su entonces marido, decidió dedicarse en exclusiva al cuidado del hogar en su conjunto.

    Para ello prescindieron incluso del servicio doméstico que tenían contratado.

    De este modo y habiéndose casado en Régimen de separación de bienes, la demandante decidió plantear el asunto como un derecho indemnizatorio por los años trabajados en exclusiva en el hogar, reclamación por la que obtuvo en primera instancia una cuantía superior a 20.000 €.

    La parte perjudicada procedió a recurrir a la Audiencia Provincial, que desestimó el recurso, fundamentando que concurren las circunstancias del artículo 1.438 del Código Civil, para otorgarse dicha indemnización.

    En síntesis lo que se viene a compensar es el hecho de que el cónyuge que trabajaba fuera de casa ha visto cómo se ha incrementado su patrimonio personal al prescindir de la trabajadora del hogar que tenían contratada (y recordemos que estaban en régimen separación de bienes y por tanto el dinero fruto del trabajo era de cada cual), mientras que la otra parte, no solo ha visto extinguidos sus ingresos al dedicarse al trabajo del hogar a tiempo completo, sino que como dice la sentencia existe una descompensación entre ambos que debe corregirse.

    Siendo además noticiable el hecho de que como dice el Tribunal dicha indemnización no es incompatible con una pensión compensatoria.

    Así el artículo 1.438 del Código Civil dispone que «los cónyuges contribuirán al sostenimiento de las cargas del matrimonio. A falta de convenio lo harán proporcionalmente a sus respectivos recursos económicos. El trabajo para la casa será computado como contribución a las cargas y dará derecho a obtener una compensación que el juez señalará, a falta de acuerdo, a la extinción del régimen de separación».

    Por tanto con la sentencia, lo más importante es que queda reseñada, fundamentada y calculada el derecho de indemnización para este tipo de casos, calculándose según el criterio seguido por la Audiencia Provincial, en el 50% del salario mínimo profesional y multiplicándolo por el número de meses que se acrediten de trabajo efectivo.

    Una sentencia muy interesante bajo nuestro punto de vista para este tipo de supuestos, que afortunadamente cada día son menos frecuentes.

    Esteban Verdes Torres
    – Abogado –

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    Lo que presentamos hoy con este blog, esta página y esta marca, es un viejo sueño en el que nos hemos embarcado de modo que por esta vía hagamos también más cercano el derecho y las soluciones jurídicas a las personas, como hacemos en la radio y en nuestro despacho.

    En este blog encontrarán comentarios sobre sentencias y actualidad jurídica, casos del día a día en que puedan verse reflejados y soluciones a sus problemas, sobre todo soluciones.

    Voiuris abogados y asesores tributarios…”, somos los de siempre, solo que ahora bajo una marca común, somos más grandes también y por tanto mejor preparados, eso sí, con el mismo trato, como dice nuestro lema “cada cliente es un amigo” y a eso queremos seguir aspirando. Cada día. Sin olvidarlo.

    Porque en su día creímos y practicamos otra manera de ejercer la abogacía, con la misma determinación y preparación que grandes y conocidos despachos de abogados, pero dando prioridad al trato, la seguridad, la confianza y la comodidad del cliente. Y en eso estamos. Deseando que nos acompañen en esta magnífica y fascinante aventura jurídica. Duc in altum.

     

    El equipo de Voiuris Abogados y Asesores Tributarios

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